Chiriquí, aparte de ser la más fértil y productiva del país es una zona geográfica de intensas lluvias. Al examinar las estadísticas de las precipitaciones fluviales durante los últimos años es fácil constatar lo peligroso y dañino de un proyecto a cielo abierto, como seguramente se piensa utilizar en la exlotación de la mineria y la mayoría de las concesiones otorgadas por el ejecutivo en territorios indígenas en el fondo representa un irrespeto al interés nacional.
La explotación minera sin el establecimiento de garantías jurídicas, sociales y ambientales, representa un peligro para indígenas y para no indígenas nivel nacional e internacional, por el daño ecológico que representan. Dado los grandes intereses involucrados en esto, el Estado ha entrado en conflicto con los múltiples Principios de la Declaración de Río sobre Desarrollo y Medio Ambiente.
Se escucha a diario por parte de las compañías multinacionales que la nueva tecnología de punta que se utilizará asegura que las explotaciones mineras no causan daño alguno al ambiente ni a las poblaciones aledañas; esto hay que analizarlo con sumo cuidado, pues lo que está en juego es el devenir de la república y su gente.
El interés gubernamental por seguir desarrollando la actividad minera en Panamá resulta cada vez más evidente, al punto que, de acuerdo con el mapa de solicitudes y concesiones de minerales metálicos dado a conocer por la dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, poco más de la mitad del territorio nacional está sujeta a solicitudes de concesión para la exploración minera.
Los daños que estas explotaciones pudiesen causar serían irreversibles al bienestar general de la nación tanto para las presentes como para las futuras generaciones de panameños.